Todo el mundo está de acuerdo en que la cadena alimentaria debe luchar contra el desperdicio. Pero ahora sobre la cuestión España, un país en el que según un estudio del Ministerio de Agricultura el 75% de las familias admite tirar alimentos (principalmente frutas y verduras, además de pan y leche), se toma en serio, sancionando bares, restaurantes o supermercados que no se comporten de manera ética.
Un proyecto de ley que es un plan de prevención: lo que queda debe ser, según el proyecto de ley, donado a entidades que redistribuirán los alimentos de acuerdo con planes preventivos de recolección, almacenamiento y transporte. En caso de que no sea para consumo humano, los productos en exceso deberán transformarse en otros alimentos, como zumos o mermeladas o, tercera opción, para alimentar a los animales o reciclados. Las multas serán de dos mil a 60 mil euros. El despilfarro privado de alimentos se discutirá en enero.
