Un mes después de la decisión de Nueva York de aplicar la ley local 18, Florencia también declara la guerra a Airbnb. Los alquileres turísticos, que han “colonizado” los centros históricos de todo el mundo, están en la mira: la ciudad toscana ha decidido que no surgirán nuevos Airbnb en el área Unesco del centro histórico. Y el que renuncie a los alquileres a corto plazo habrá reiniciado el IMU en la segunda casa durante tres años.
En definitiva, es mejor renunciar a los dos mil millones de indirectos que ver crecer una ciudad que, precisamente para convertirse en un “hotel difundido” con las casas privadas, no tiene espacio para sus ciudadanos. Es la misma elección que hizo Nueva York a principios de septiembre con la decisión de que solo quien vive en la misma casa podrá hospedar a los turistas (no más de dos). El volumen de negocios de Airbnb en la Gran Manzana es, solo para los alquileres, de 85 millones de dólares al año.
Otras capitales han querido poner un freno a esta “invasión” de sus centros urbanos. En San Francisco se puede alquilar un máximo de noventa días al año, en Amsterdam el límite es de treinta, en París ciento veinte.
Airbnb y quienes se oponen a las recientes decisiones en la materia afirman que las ciudades serán menos accesibles y los primeros en verse afectados serán los propietarios de las casas que en la aplicación web han encontrado una forma de saldar cuentas. La verdad es que esta carrera por los alquileres cortos ha llevado a una escasez de viviendas y a alquileres sensiblemente más altos.
