El primer caso sucedió poco después que en Italia se instituyó la prohibición de subir en los trenes italianos sin Green Pass. Una pasajera que viajaba en el tren de Alta Velocidad desde Reggio Calabria a Milán ha pretendido dar validez a un certificado “hecho en casa” y no ha querido saber que bajaría del tren como establecen las nuevas reglas. La moral de la historia es que los agentes de Polizia, como nueva práctica, tuvieron que parar el tren.
La mujer ha sido denunciada por interrupción del servicio público y corre el riesgo de una condena de un año. El aumento de los contagios ha dado lugar a nuevas medidas de este tipo y el caos sobre la obligatoriedad del pasaporte Covid sigue: entre los que lo tienen y los que se niegan a tenerlo. El Green Pass en Italia solo valdrá nueve meses a partir de ahora.
En España, después de que los Tribunales Superiores hayan rechazado el certificado, el pasaporte Covid sigue siendo un tema discutido: para contener la pandemia el Gobierno Vasco volverá al ataque para introducirlo en el ocio nocturno, en los conciertos y en determinadas actividades de la restauración. Lo mismo ocurre con Castilla y León y Navarra. “Donde sea racionable”, como señala otra Comunidad, la Valenciana, que presta atención al fenómeno. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, fue directamente al punto: “Que se vacune a todo el mundo, por las buenas o por las malas”. Es lo que empiezan a pensar en Italia, donde los vacunados son muchos, pero menos que el dato oficial español, que es el 89%.
